El Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,  presentó los avances del trabajo articulado entre las 22 instituciones que la conforman, basado en los ejes de prevención, atención, protección y reparación de mujeres víctimas de violencia. El evento se realizó el 03 de marzo de 2020, en el Auditorio del Banco Central del Ecuador.

Verónica Artola, gerente del Banco Central del Ecuador, dio la bienvenida a las autoridades invitadas, y señaló que como mujeres están convencidas que desde la Institución, definitivamente, incluir a las mujeres en cada una de las actividades económicas del país, no solamente es importante sino es un buen negocio. Asimismo, felicitó a las autoridades por estas iniciativas e indicó que pueden contar con el Banco Central para seguir haciendo estas actividades.

Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos, agradeció la presencia de la sociedad civil, quienes hacen el seguimiento a la veeduría permanente a la gestión del Estado ecuatoriano y a las autoridades de Gobierno y de  Justicia.

Estamos a la vista de los avances y alcances que hasta hoy podríamos hablar como el Sistema de Protección Integral en contra de la violencia de mujeres, niños, niñas y adolescentes.  “Nada podríamos hacerlo solos, sino con el trabajo interinstitucional interministerial”, destacó.

“Este es un vínculo que se ha construido para no ser roto. Es la mismo tiempo, un vínculo que establece con otras organizaciones que son de la sociedad civil, como un actor importante en el territorio, como son los Gobiernos Autónomos Descentralizados en todos sus niveles”, puntualizó.

Explicó que este es un modelo que se está construyendo sobre procesos ya establecidos territorialmente. Las 22 instituciones pensamos que el mayor reto fundamental es que las mujeres, niños, niñas y adolescentes se sientan acompañados por un sistema que debe verse y sentirse, de un sistema que debe estar cercano con la gente, que se traduce en acceso y oportunidad a la justicia con cero impunidad.

Monserrat Creamer, ministra de Educación, dijo que en el eje de prevención, el Ejecutivo trata de articular planes, programas, proyectos y acciones para la prevención de la violencia hacia mujeres, niños, niñas y adolescentes y adultos mayores. “Implementamos mecanismos de sensibilización y concientización para eliminar progresivamente los padrones socioculturales y estereotipos que justifican la naturaleza de la violencia contra las mujeres. Y desde la corresponsabilidad, el Estado, la sociedad civil y la familia promovemos y nos activamos contra la violencia”.

Catherine Chalá, subsecretaria de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes de la Secretaría de Derechos Humanos, explicó que en el eje de atención confluye todos aquellos aspectos que los cuatro ejes de prevención y erradicación de la violencia se ponen en práctica y se aplican para que las víctimas de violencia, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes efectivamente, sean sujetos del accionar institucional.

“Las 22 instituciones que formamos parte de este sistema, de alguna u otra manera tenemos proceso de atención a las víctimas de violencia, ofrecemos servicios a las víctimas de violencia cuando sus derechos son vulnerados”, recalcó.

María Paula Romo, ministra de Gobierno, en el eje de protección hizo énfasis en las 2860 Medidas Administrativas de Protección Inmediata-MAPIS, otorgadas por 756 tenencias políticas, 253 comisarías, 24 intendencias a mujeres víctimas de violencia. Y se ha brindado capacitación a 1400 funcionarios públicos. Tenemos 72 servidores públicos que trabajan en las gobernaciones y estamos trabajando para un programa de capacitación en línea. Asimismo, la Policía Nacional Especializada contra la Violencia hacia las Mujeres se atendió 32.029 casos.

Patricia Salazar, subsecretaria de Inclusión Económica y Social, dijo que el Gobierno Nacional ha buscado herramientas para la reparación de víctimas de violencia de género. Destacó la creación del Decreto Ejecutivo 696 mediante el cual se crea el bono para los niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad por femicidio.

Explicó que este bono es parte de la ruta de reparación de derechos para los y las menores de edad, quienes independientemente de los procesos judiciales, son víctimas sobrevivientes de la violencia basada en género. “Se ha entregado el bono a 33 niños, niñas y adolescentes de Orellana, Pastaza, Chone, Milagro, Quevedo, Gualaceo, Azogues, Calvas y Quito. Asimismo ha promovido la reforma al mencionado Decreto Ejecutivo con el fin de poder entregar este bono a 126 niños, niñas y adolescentes.

María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, habló sobre las mejoras del acceso a la justicia en favor de las víctimas de violencia, entre lo que destacó: ampliación de cobertura, gratuidad y celeridad de los trámites, entre otros.

Ángel Torres, defensor público, estacó que una de las prioridades de su administración es la atención a víctimas, con la especialización de 102 defensores públicos y la implementación de la unidad especializada de víctimas de violencia sexual, violencia intrafamiliar con enfoque diferencial y de género.

“Esta Institución tiene la responsabilidad de brindar una defensa técnica, responsable y gratuita a nuestros usuarios, de acuerdo con el mandato constitucional”.

Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, acentuó la importancia de erradicar la violencia contra la mujer a través del fortalecimiento y la coordinación entre distintos actores y sectores de la sociedad para alcanzar acciones significativas y de largo alcance. “Las y los jueces del país reiteramos nuestro compromiso de aportar desde nuestro trabajo para alcanzar un país libre de violencia”, destacó.