Las medidas más importantes en el marco de la actual emergencia sanitaria que vive el país son el aislamiento y la distancia social. El gobierno ha aplicado duras medidas para garantizar que estas precauciones se cumplan. Esta semana, Semana Santa, importante fecha para millones de creyentes en el país, no puede convertirse en el motivo para reuniones y aglomeraciones que podrían en alto riesgo de contagio no sólo a los asistentes sino a toda la comunidad.

Cecilia Chacón Castillo, Secretaria de Derechos Humanos, ha enviado un comu- nicado a todas las organizaciones religiosas del país, recordándoles su deber de abstenerse de realizar cualquier actividad que involucre agrupación o reunión de personas; estas actividades son un riesgo para la vida en nuestro país, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional al pronunciarse sobre el Decreto Ejecutivo 1007, de 16 de marzo de 2020, que restringe los derechos de asociación y movili- dad en todo el territorio nacional.

Se advierte que en caso de incumplimiento de estas disposiciones se aplicarán las sanciones del artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, que establece una pena privativa de libertad de uno a tres años. Adicionalmente el reglamento de salud faculta a la Policía Nacional a imponer multas de US$ 100 a todos quienes desacaten las medidas que se han impuesto.