Quito, Ecuador.- Marcelita Arroyo, directora de Atención, Protección Especial y Reparación a Víctimas de Violencia, Explotación, Trata, Tráfico y otros Grupos de Atención Prioritaria de la Secretaría de Derechos Humanos mantuvo una reunión de trabajo con Walleska Pareja,  consultora de la Cooperación Técnica Alemana – GIZ,  para tratar temas relacionados a los derechos humanos y la institucionalidad nacional y local con enfoque de género.

En el encuentro virtual, Arroyo explicó que en el Ecuador el eje de derechos humanos se encuentra en un proceso de incorporación en la planificación territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que son una herramienta de política pública local que hace tangible el pleno goce de los derechos de la ciudadanía; brindando así servicios públicos que contribuyan a construir ciudades libres de violencia y que el derecho a la ciudad sea una vivencia diaria para mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Explicó que desde lo provincial, a través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el Ecuador tiene todo un andamiaje para la promoción de derechos, que también cumplen el rol de prevención de la violencia contra las mujeres. “Desde los niveles de municipales se concentra toda la institucionalidad para el ejercicio y garantía de derechos de las y los ciudadanos y grupos de atención prioritaria”, destacó.

Manifestó también que la Secretaría de Derechos Humanos al ser la  entidad rectora del Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia con la Mujer, al momento realiza las Cumbres Territoriales  para el despliegue del Plan Nacional hacia los territorios, con el fin de dar a conocer a todas las entidades del Sistema Nacional que conforman 22 instituciones, los objetivos y estrategias que permitan tener una construcción conjunta de políticas públicas desde lo local.

“En esa lógica, el ejercicio de competencias debe transversalizar el enfoque de derechos humanos; esta mirada desde el programa Ciudades Intermedias Sostenibles (PCIS) de GIZ busca incorporar el eje de protección de derechos como un mecanismo para el desarrollo sostenible desde una visión y actuación sistémica de los actores en los territorios, visión que es totalmente compartida por la Secretaría de Derechos Humanos como entidad articuladora de los Sistemas Locales de Protección de Derechos», concluyó la funcionaria de Estado.