En el marco del confinamiento por la pandemia del COVID-19,Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos, conjuntamente con Graciela Ramírez, máster en Ciencias Sociales, mención en Género y Desarrollo y Julio Idrovo, fiscal de violencia de género Nª7 Pichincha, participó en el conversatorio virtual “La violencia de género durante el aislamiento social en Ecuador”, organizado por el Centro de Apoyo Psicosocial “Ubuntu”, de la Fundación Tierra Nueva.

En su intervención,  la Secretaria de Derechos Humanos, señaló que esta pandemia nos encontró sin estar preparados.  A este flagelo se suma el flagelo de la violencia que al igual que el COVID-19 también mata a mujeres, a niños y a niñas. “En los países latinoamericanos  la tolerancia a este tipo de violencia se ve  de manera desgarradora, porque es como que vemos algo ya natural. A este confinamiento se suma el miedo y la incertidumbre de vivir con un agresor que resulta en  muchas veces que está dentro de casa, que nos impide salir a buscar  ayuda, un teléfono, llamar a un vecino, a un familiar”.

Subrayó que durante el confinamiento,  se han coordinado acciones para más de 586 víctimas entre mujeres, niños y niñas,  entre estas, conectar el botón de pánico, entregar medidas de protección pero también volver a reactivar a la Policía Nacional, acompañar a las víctimas, no mediante teletrabajo sino presencialmente hacia la Fiscalía para que puedan poner una denuncia y sobre todo sacar en muchos casos, a las víctimas del lugar en que se encuentran.

“En este momento de confinamiento las provincias con mayor número de llamadas de auxilio, y que coincide también con el alto número de víctimas por el COVID-19 son: Guayas, Pichincha Azuay y Esmeraldas. Todo nuestro personal del Servicio de Protección Integral atiende no solo las llamadas, sino que hacemos también contención, intervención en crisis y apoyamos en la derivación de casos”, destacó la Secretaria.

“Esperamos que el COVID19 también sea la oportunidad de visibilizar  -aún más-  que es necesario ocuparnos no solo de la emergencia sanitaria sino  también ocuparnos para salvar vidas de víctimas de violencia intrafamiliar”, continuó Cecilia Chacón.  

La secretaria de Estado explicó que dentro del ámbito educativo, la responsabilidad es compartida entre padres, madres de familia, maestros y maestras y de quienes convivimos en la sociedad. “Las mujeres víctimas de violencia necesitamos recuperar nuestro proyecto de vida, por lo tanto, vamos a llamar  a la Policía. Además está el Servicio de Protección Integral para esclarecer nuestra mente y tomar decisiones y acompañarnos también a grupos de personas. Todos tenemos la posibilidad de decir no quiero vivir así, no quiero más. Yo quiero estar bien, necesito estar bien y ser feliz”, destacó.

Finalmente, dijo que la Secretaría de Derechos Humanos tiene ese compromiso, a través del  Gobierno Nacional,  de acompañar en todo momento a las víctimas de violencia. “Hacemos nuestros mejores esfuerzos con las 22 instituciones del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia”, concluyó.

De su parte, Graciela Ramírez, máster en Ciencias Sociales, mención en Género y Desarrollo, dijo que el COVID-19 no solo potenció una emergencia sanitaria, sino que nos regresó a una realidad que las mujeres siempre hemos vivido. “A través de un documento que se generó a partir de la Red Universitaria Feminista de acoso sexual, nos recuerda que 7 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia en algún momento de su vida. Eso quiere decir que gran parte de la población está viviendo situaciones que ya han venido acarreando y que se han potenciado por el confinamiento, por ello, los sistemas de respuesta inmediata están colapsados”, aseguró.  

Propone semaforizar la violencia de acuerdo al caso, en color verde para brindar información de servicios, en color rojo cuando hay un derecho vulnerado en tiempo real, se tiene que activar mecanismos de protección que van desde  boleta de auxilio, para que las mujeres puedan utilizar el documento necesario y las autoridades realicen el procedimiento adecuado. 

Julio Idrovo, fiscal de violencia de género Nª7 Pichincha,  manifestó que el 14 de mayo de 2020, el Consejo de la Judicatura emitió una Resolución mediante la cual, restringió el ingreso y la atención al público e las dependencias judiciales a escala nacional debido por el COVID-19; sin embargo, en lo que tiene que ver a delitos flagrantes y delitos relacionados con violencia de género e intrafamiliar se ha mantenido activo. “La Fiscalía General del Estado  emitió una Resolución que contiene el instructivo de procesos de registros en línea de posibles hechos de violencia de género e intrafamiliar, la cual opera en casos de las víctimas  no puedan asistir de forma presencial. Lo que tiene que hacer es llamar al 1800-DELITO opción 4 o al 911; se pone en contacto con un funcionario de Fiscalía quien analiza el caso para determinar si es un delito o una contravención.  Una vez que se determine que se trata de un delito, se pone en contacto dentro de las 24 horas con la víctima y pone en conocimiento del Fiscal, quien solicita al Juez las medidas de protección de la víctima para precautelar la integridad física y psicológica de la víctima”.