Quito, 21 de agosto de 2024.- El Gobierno del Nuevo Ecuador, bajo la dirección del presidente Daniel Noboa, ha dado un paso definitivo  en la protección de la infancia  y adolescencia al suscribir el Decreto Ejecutivo N. 368  de  la Política Pública para la Erradicación de la Violencia Sexual en el Ámbito Educativo que declaró a esta política como norma nacional, prioritaria e integral.

Asimismo dispuso la conformación de la mesa interinstitucional para la Erradicación de la Violencia Sexual en el Ámbito Educativo 2024-2030, cuyo objetivo es dar seguimiento a la efectiva implementación y evaluación de la política pública.

Esta política, resultado de un esfuerzo coordinado entre múltiples instituciones del Estado, es una respuesta directa a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Guzmán Albarracín y Otras Vs. Ecuador, y refleja el firme compromiso del país con la seguridad y bienestar de sus niños, niñas y adolescentes.

El desarrollo de esta política ha involucrado un extenso proceso interinstitucional liderado por el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, en colaboración con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía General del Estado, y otras entidades clave. Con más de 75 mesas de trabajo y la participación activa de los consejos consultivos de la niñez, incluyendo a representantes de las víctimas, esta política se enfoca en cuatro ejes fundamentales: atención, prevención, acceso a la justicia y generación de información.

Desde la histórica sentencia de la Corte IDH en 2020, que declaró al Estado ecuatoriano responsable de la violación de los derechos humanos de Paola del Rosario Guzmán Albarracín, el Gobierno ha implementado varias medidas reparadoras. Estas incluyen la publicación de la sentencia, un acto público de reconocimiento de responsabilidad, la declaración del 14 de agosto como Día Oficial de Lucha Contra la Violencia Sexual en las Aulas, y el pago de indemnizaciones a la familia de la víctima. Sin embargo, el aspecto más crucial, la implementación de una política pública para erradicar la violencia sexual en las escuelas, permanecía pendiente hasta hoy.

El caso Guzmán Albarracín, en el que una adolescente fue víctima de violencia sexual en su colegio en Guayaquil, lo que la llevó al suicidio a los 16 años, marcó un hito en la historia de los derechos humanos en Ecuador. Con la presentación de esta política pública, el Gobierno del Nuevo Ecuador no solo cumple con una obligación legal, sino que también sienta las bases para un futuro en el que ningún niño o niña vuelva a enfrentar los horrores que Paola vivió. Esta acción reafirma la voluntad del Estado de avanzar hacia el pleno cumplimiento de la sentencia y construir un Ecuador más justo y seguro para todos.