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En la Zona 2 la Secretaría de Derechos Humanos socializó el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres

Cayambe, Ecuador. –  La Secretaría de Derechos Humanos en coordinación con los Consejos de Protección de Derechos de los cantones; San Miguel de los Bancos, Cayambe, Mejía, Rumiñahui y Pedro Moncayo, realizó 8 cumbres territoriales para socializar el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y a la vez acordar acciones que permitan su implementación.

Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos indicó: “Este Plan Nacional nos convoca a que todos trabajemos en conjunto y de forma articulada sobre la prevención, atención, protección y reparación a mujeres víctimas de violencia de género, todos somos corresponsables en la erradicación de esta otra pandemia”.

Al respecto, Roberto Hidalgo, alcalde del cantón Mejía manifestó: «esta lucha, es una lucha constante, debe ser una construcción en conjunto de todas las entidades del Sistema de Protección, que debe ir generando proyectos y planes los cuales puedan mitigar el problema de la violencia contra las mujeres».

El Plan Nacional está orientado a una gestión integral del Estado, en coordinación con la sociedad a través de sus organizaciones, la academia, el sector privado y los distintos niveles de gobierno y funciones de Estado; permitiendo a través de una gestión planificada operativamente por parte de las 22 instituciones que conforman el sistema, cumplir con lo que dispone la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Por medio de esta socialización se contribuyó al posicionamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, como ente rector del Sistema Nacional y se dio a conocer  lineamientos y directrices a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) para mejorar la articulación interinstitucional con la finalidad de avanzar en el desarrollo de políticas públicas que garanticen el derecho a una vida libre de violencia.  Además de motivar a los GAD para que promuevan la participación de los sectores de la sociedad civil en todo el proceso de planificación, seguimiento y evaluación.