Chone, Ecuador. –  Con la participación de más de 50 asistentes virtuales,  la zona 4 de la Secretaría de Derechos Humanos realizó la Cumbre Territorial donde se socializó el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y a la vez acordar acciones que permitan su implementación.

Juan Carlos Peñafiel, representante de la zona 4 mencionó que la territorialización del plan genera un compromiso dentro del cantón para crear frutos a largo plazo, así mismo, Alberto Vélez Álava, delegado de Leonardo Rodríguez, alcalde de Chone, mencionó que se implementado una campaña de concientización y sensibilización para luchar por la erradicación de la violencia

Viviana Zambrano González, concejal-presidenta de la Comisión de Igualdad y Género, y Gretty Dueñas, secretaria técnica del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, mencionaron que el propósito  de trabajo es erradicar la violencia, ya que la base principal para eliminar esta problemática es a través de la educación 

Luego de las intervenciones, Juan Carlos Peñafiel, funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos, expuso los ejes de trabajo, estrategias y objetivos para la implementación del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Se desarrollaron tres mesas temáticas y se presentaron los acuerdos, en plenaria general.

En prevención se determinó profundizar el proceso de capacitación a víctimas de violencia contra la mujer y sociedad civil, y establecer mecanismos para realizar campañas fuertes de prevención.

En atención se planteó crear una casa de acogida en Chone, priorizar la atención en zonas rurales, trabajar en el registro único de datos como herramienta guía para fortalecer el seguimiento y control de las medidas de protección con las que cuentan las víctimas.

En el eje de reparación se planteó realizar acompañamiento continuo a las víctimas, trabajo multidisciplinario en equipo para ofrecer excelentes servicios a las víctimas, entre otros.

Este Plan Nacional está orientado a una gestión integral del Estado, que permite a través de una gestión planificada por parte de las 22 instituciones que conforman el sistema, cumplir con lo que dispone la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.