Con el objetivo de recuperar los derechos vulnerados a 250 familias, el Servicio Especializado de Protección Especial (SEPE) representando a la Secretaría de Derechos Humanos, junto a delegados del Ministerio del Trabajo, Policía Nacional, Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Ministerio de Salud Pública y Secretaría de la Política, participaron en el taller de levantamiento de información en los cantones: Santo Domingo, La Concordia, Quinindé (Malimpia) y Babahoyo, a través de 250 encuestas a las personas que habitan y laboran en las haciendas Furukawa.

En octubre pasado un grupo de trabajadores de la empresa Furukawa, dedicada a la extracción de la fibra de abacá, reconocida como la principal exportadora del país, denunció ante la Defensoría del Pueblo explotación laboral, entre otras vulneraciones de derechos. La entidad de control al inspeccionar 18 de los 23 campamentos constató que centenares de hombres y mujeres trabajadores de la empresa laboran en condiciones de vulneración de derechos humanos.

En un comunicado la empresa Furukawa aseguró que ha cumplido en forma cabal sus obligaciones laborales, tributarias y comerciales, así mismo indicó que al momento cuenta con 198 trabajadores directos, aunque presumiblemente son más de 450 de acuerdo a investigación de la Defensoría del Pueblo. También manifestó que cuenta con proveedores independientes que a su vez son los patronos responsables de la condición de sus trabajadores.

Por su parte José Hernández, trabajador de Furukawa que actualmente tiene 32 años, afirmó que desde los 15 años trabaja para la empresa y que nunca fueron reconocidos sus derechos humanos. “La necesidad de trabajo hizo que continúe laborando, pero estamos prácticamente esclavizados en ese lugar, algunos compañeros fueron despedidos intempestivamente y otros laboran en condiciones inaceptables”, expresó.

Tras el informe presentado por el MIES respecto, se registró el incumplimiento a los derechos de los trabajadores, tales como: falta de afiliación, pagos inferiores respecto a la remuneración básica establecida, trabajo infantil, insalubridad, ausencia de servicios básicos, riesgos laborales, falta de pago de utilidades, etc.

Margarita Tenorio, funcionaria del SEPE Esmeraldas expresó que al existir clara vulneración de derechos en la empresa Furukawa era necesaria la intervención. “Cómo SEPE, cumplimos levantando la información a través del diálogo con las familias, realizamos las encuestas y pudimos evidenciar tristes realidades. Además fuimos testigos de varios incumplimientos por parte de la compañía, entre los que se destaca la inobservancia de la clausura impuesta al campamento de Santo Domingo, dado que encontramos trabajando al personal. Por otro lado en el campamento de la Concordia, se resistieron a que ingresemos. Todos estas anomalías fueron reportadas a las autoridades competentes”, señaló.